Apreciados Pedro y Manuel,

Desde la Coordinadora de Investigación y Universidades de la CGT consideramos insuficientes las medidas adoptadas para prorrogar los contratos del personal docente e investigador en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
En primer lugar, las prórrogas se contemplan solo para aquellos contratos a los que les queda un año o menos de duración. Esta limitación no tiene ninguna justificación más que la económica, ya que todo el personal temporal se ve igualmente perjudicado por las medidas de confinamiento.
En segundo lugar, el decreto no establece la obligatoriedad de la prórroga, ni para los agentes de financiación, ni para las entidades contratantes, permitiendo que actúen de manera diferente. Además, traslada la negociación de las prórrogas al ámbito individual, facilitando así la vulneración de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Asimismo, en el caso de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), según han publicado en su nota informativa, solo se considerarán los contratos realizados a través de convocatorias de recursos humanos, pero no a través de proyectos de investigación. Sin embargo, esta situación afecta de la misma manera al conjunto de este personal, independientemente del tipo de convocatoria.
Todo lo anterior abre la puerta a que se den situaciones de agravio comparativo entre distintos sectores de este personal y, con ello, a que se generen desigualdades entre unos y otros. Además, una tramitación individual puede dar lugar a un volumen de trabajo y a dificultades administrativas difíciles de asumir en un plazo razonable para el personal de administración y servicios encargado de gestionarla.

Por ello, EXIGIMOS:

Que la posibilidad de prorrogar los contratos se haga extensiva al conjunto del personal docente e investigador con contratos temporales, y no solo a quienes se encuentran en el último año de contrato.
Que en el caso de las convocatorias de la Agencia Estatal de Investigación se haga extensivo no solo a las convocatorias de recursos humanos, sino a todos los contratos con cargo a sus convocatorias.
Que se obligue a todos los agentes de financiación a garantizar los fondos necesarios para hacer efectivas las prórrogas.
Que se aplique de forma automática la prórroga de los contratos a todo el personal temporal. En caso contrario, que las instituciones contratantes inicien procesos colectivos para la negociación de estas prórrogas, en lugar de tramitarlas de manera individualizada.

Capítulo aparte merecen los trabajadores y las trabajadoras de las empresas externalizadas subcontratadas por universidades y centros de investigación públicos, quiénes constituyen el sector más precario del sistema español de ciencia.

En diferentes universidades y centros de investigación estamos viendo procesos totalmente irregulares, como que se les obligue a usar sus días de vacaciones durante el confinamiento. Se enfrentan, además, al riesgo de despido y a la falta de medidas de protección. Rectorados y direcciones de los centros de investigación han obviado posicionarse de forma explícita sobre cuál debe ser la actuación de estas empresas, dejando totalmente en desamparo a sus trabajadores y trabajadoras, quiénes, pese a no tener una relación laboral directa con la administración pública, no dejan de ser una parte más del personal de las universidades y los centros de investigación.

Por estos motivo, también EXIGIMOS que fiscalicen la actuación de las empresas subcontratadas y que garanticen de forma efectiva tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de las personas subcontratadas por universidades y centros de investigación.