A raíz del estado de alarma decretado ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión de la COVID-19, la actividad de investigación de las universidades y los organismos públicos de investigación ha quedado prácticamente paralizada y sólo ahora comienza a volver tímidamente. Todas las investigaciones no consideradas esenciales, que se limitan a las relacionadas directamente con el COVID-19, se han visto afectadas negativamente por dicha parálisis: trabajo experimental paralizado, trabajos de campos cancelados y un largo etcétera.

La paralización de la actividad ha puesto a las investigadoras en una situación imposible dejándolas atrapadas entre las injusticias estructurales y los problemas sobrevenidos por la crisis sanitaria. La financiación y la contratación en investigación se basan en un sistema injusto que prima la competitividad y el productivismo, de modo que conseguir financiación para un proyecto o un contrato de trabajo depende de unas evaluaciones que valoran la capacidad para producir resultados de forma ininterrumpida. Así, esta parada de actividad supone un problema grave, sobre todo para las investigadoras con contratos temporales, puesto que en el sistema actual su empleabilidad depende en gran medida de que puedan finalizar los proyectos en los que están implicadas.

Las medidas adoptadas hasta ahora para afrontar esta situación, que afecta al conjunto del personal temporal, son totalmente insuficientes. Sin embargo, las prórrogas propuestas solo afectan a un número limitado de modalidades contractuales, se restringen a contratos que finalizan en plazos muy concretos y sólo son obligatorias en algunos casos:

En el caso de los contratos regulados por la LOU, la prórroga se aplica de forma obligatoria a aquellos contratos que se extingan durante el estado de alarma, por la duración de este y sus prórrogas, pero se excluye a todos los demás.
En el caso de los contratos de investigación con cargo a financiación procedente de agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, se han contemplado prórrogas para los realizados al amparo de convocatorias de ayudas de recursos humanos (RDL 11/2020) y a contratos predoctorales de estas y otras convocatorias (RDL 11/2020 y 15/2020) para los que reste menos de un año para la extinción del contrato. Así, se excluye a personas con contratos de la misma naturaleza a los que reste más de un año de duración, así como a personas con contratos de investigación de otras modalidades.
No se establece la obligatoriedad de las prórrogas contempladas en el punto anterior ni para los agentes de financiación ni para las entidades contratantes, lo que ha permitido que las administraciones tomen medidas muy dispares.
La extensión de los proyectos de investigación a los que están vinculados los contratos se está haciendo de forma desigual, y sin acompañarlas de financiación para el personal contratado.
Se traslada la negociación de las prórrogas al ámbito individual, facilitando así la vulneración de los derechos de las trabajadoras.

Como consecuencia de todo ello, se abre la puerta a que se den situaciones de agravio comparativo entre distintos sectores de este personal y, con ello, a que se generen desigualdades entre unos y otros. Además, las personas cuya posición es más vulnerable – aquellas con contratos asociados a proyecto, que son, por lo general, más precarios, contratados de forma fraudulenta (a media jornada mientras se trabaja a jornada completa), con salarios más bajos y de más corta duración – quedan en una situación de mayor indefensión.

Por todo ello es urgente que se tomen las medidas necesarias para garantizar el 100% del salario y la prórroga de los contratos de obra y servicio y todos aquellos contratos de duración limitada (contratos predoctorales, postdoctorales, PDI, PAS, personal dependiente de empresas subcontratadas, contratos a cargo de proyecto, técnicos de investigación, etc.), de quienes no puedan desarrollar las tareas de su contrato durante el tiempo que se mantengan cerrados sus centros de trabajo.

Asimismo, la falta de regulación del teletrabajo repercute gravemente en todos los y las trabajadores y, con particular impacto, en el PAS. Hablamos de la desaparición, de facto, de la jornada laboral, con videoconferencias y tareas a lo largo de todo el día, con una tendencia cada vez más clara al trabajo por objetivos (con la subsiguiente precarización que implica este), A esto hay que añadir las nulas medidas de conciliación aprobadas por el Gobierno (o te das de baja, o te reduces el salario), con un mayor impacto negativo sobre las mujeres trabajadoras, quienes asumen la principal carga de las tareas de cuidado.

Finalmente, es imprescindible abordar la situación de las trabajadoras de los servicios externalizados, quienes constituyen el sector más precario del sistema español de investigación y universitario. En diferentes universidades y centros de investigación estamos viendo procesos totalmente irregulares, como que desde la dirección se obligue a las trabajadoras a usar sus días de vacaciones durante el confinamiento. Se enfrentan, además, al riesgo de despido y a la falta de medidas de protección. Rectorados y direcciones de los centros de investigación han obviado posicionarse de forma explícita sobre cuál debe ser la actuación de estas empresas, dejando totalmente en desamparo a sus trabajadoras, quienes, pese a no tener una relación laboral directa con la administración pública, no dejan de ser una parte esencial del personal de las universidades y los centros de investigación.

Por lo tanto, EXIGIMOS:

La extensión de las prórrogas al conjunto del personal temporal, independientemente de su modalidad contractual y del tiempo que reste para la finalización de los contratos, y que se regulen claramente en cada caso. Recordemos que los contratos extinguidos entre el 13 de marzo y el 2 de abril, los contratos de obra y servicio, y los contratos no predoctorales dependientes de proyecto no se consideran de forma explícita en los decretos aprobados.
La reincorporación, de forma retroactiva, de los contratos ya extinguidos durante el estado de alarma.
Que se obligue a las entidades contratantes a prorrogar los contratos, así como a los agentes de financiación a garantizar los fondos necesarios para hacer estas prórrogas efectivas.
Que se extienda automáticamente la duración de los proyectos de investigación a los que están vinculados los contratos, aportando los fondos necesarios para la prórroga contractual.
Que se regularice el teletrabajo para que la jornada laboral no desaparezca como ha estado ocurriendo estos últimos meses
Que se fiscalice la actuación de las empresas subcontratadas para garantizar de forma efectiva tanto el mantenimiento de sus plantillas como el cumplimiento de los derechos laborales de su personal, tanto en universidades como en centros de investigación. A medio plazo, exigimos que se establezca una agenda para la contratación directa de todo el personal.

Por todo esto, instamos al conjunto de trabajadoras del sector científico y universitario a luchar por sus derechos, organizándose en su centro de trabajo, y luchar conjuntamente, sea a través de los sindicatos combativos o de asambleas de trabajadoras.

Coordinadora de Investigación y Universidades de la CGT
CNT-València
Col·lectiu de Doctorandes en Lluita
Coordinadora Valenciana de Treballadores de la Ciència
Ciencia para el Pueblo