En los últimos días ha circulado el segundo borrador de la reforma que el Ministerio de Universidades se propone introducir en la LOU en relación con la carrera profesional del profesorado. Este documento, que a diferencia del primero no recoge propuesta alguna para el desarrollo del Estatuto del Personal Docente e Investigador, adopta un tono más social y se acompaña de algunas modificaciones amables, lo que no sería más que una mera operación de maquillaje sino fuera porque el texto ahonda en algunos de los aspectos más lesivos de la versión anterior.

Este segundo borrador no oculta su clara vocación de profundizar en la mercantilización de una universidad pública que pone primordialmente al servicio de las empresas. Sigue teniendo como punto de partida un análisis pobre e interesadamente parcial de la realidad universitaria que:

• Omite la relación entre digitalización y precarización.
  Obvia las desigualdades que genera el actual modelo de investigación, que contribuye al *desarrollo de una minoría privilegiada de la investigación y de la transferencia, cuyos proyectos se ejecutan a base de mano de obra precarizada.
• Elude la burocratización creciente dentro de las propias universidades y la carga de trabajo no computada que comporta para el profesorado.
• Alaba la movilidad, pero no tiene en cuenta las consecuencias personales y familiares de la movilidad, ni la penalización que entraña la conciliación personal y familiar para el desarrollo de la carrera profesional en la universidad.

El texto muestra, así mismo, las limitaciones de un modelo de acreditación sustentado sobre múltiples agencias de evaluación con un funcionamiento autónomo, y en el que se prima el reconocimiento de las competencias de las Comunidades Autónomas. Este modelo revela la incapacidad o la falta de voluntad del Ministerio para detener y revertir el proceso de neoliberalización, particularmente en aquellos territorios donde se encuentra más avanzado, como es el caso de Cataluña, y coordinar a las universidades de todo el Estado en la defensa de un modelo auténticamente público y al servicio de la sociedad.

Los buenos deseos que se expresan en el preámbulo se ven contradichos en un articulado que consagra una carrera profesional con dos cuerpos diferenciados, lo que comporta consolidar diferentes formas contractuales y diferentes salarios para realizar los mismos trabajos. En lo concreto, ni siquiera se aportan soluciones a los problemas que el texto dice querer resolver:

• Se reconoce la necesidad de adoptar medidas urgentes, pero se amplían los periodos transitorios durante los que permanecerán vigentes algunas de las figuras contractuales actuales más precarias.
• Se apuesta, supuestamente, por la vía funcionarial, pero no se reduce el porcentaje de docencia que puede ser asumido por el PDI laboral.
• Las medidas incentivan la contratación temporal, para la que se da un margen muy amplio; además, el nuevo texto amplía la fracción de docencia que podría cubrir el profesorado asociado, obviando el carácter accesorio de su remuneración y ampliando en un año el tiempo durante el que sus contratos podrían seguir vigentes a pesar del cese de su actividad principal.
• Se exime del requisito del concurso público a la contratación de Profesores/as Distinguidos/as y Sustitutos/as, consagrando un grado de arbitrariedad que contrasta con el énfasis que se hace en los criterios de justicia, previsibilidad y proporcionalidad en el acceso a las distintas categorías profesionales.
• Sigue penalizando a los/as Profesores/as Sustitutos/as: aunque recoge la posibilidad de que sus contratos sean a tiempo completo, no considera que la investigación deba ser una parte integral de su actividad, a pesar de que sea un requisito indispensable para obtener acreditaciones y concurrir a otras convocatorias de ayudas y contratos para la investigación.

El resultado sigue siendo una carrera profesional configurada como una carrera de obstáculos, en la que la estabilización se alcanza únicamente después de pasar por largos años de condiciones laborales pésimas y en la que solo se puede progresar mediante la consecución de objetivos establecidos con criterios de gestión neoliberales y a costa de la vida personal y de los proyectos vitales del profesorado.

Por todo ello, desde la Coordinadora de Investigación y Universidades de CGT mantenemos nuestra oposición frontal a esta propuesta de modificación de la LOU y exigimos una reformulación integral del mismo.

Entendemos que toda transformación de la carrera profesional debe guiarse *por criterios exclusivamente sociales *y no mercantilistas, y que debe estar orientada a:

1º) La creación de un cuerpo único de personal docente e investigador.
2º) Terminar con las minorías privilegiadas y las jerarquías desarrolladas en el PDI.
3º) Acabar con la precariedad de la carrera académica.
4º) Desarrollar un modelo de conciliación personal y familiar efectivo.

Solo así lograremos avanzar en la construcción de un modelo de universidad al servicio de la sociedad. Y para luchar por ello, y frente a las políticas ultraliberales que pretende asentar el Ministerio, trabajaremos en la convocatoria de las movilizaciones que consideremos oportunas, incluida la herramienta de la huelga universitaria.