En estos últimos meses estamos asistiendo al enésimo intento de precarizar el sistema universitario y científico-técnico español. La realidad, a día de hoy, es que ambos están totalmente subordinados a los intereses del Capital. El Gobierno, en tanto que administrador de esos intereses, pretende dar otra vuelta de tuerca hacia la liberalización del sector. Todo esto, como siempre, a costa de los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras, así como de una investigación orientada al beneficio colectivo y de la calidad docente que recibe el estudiantado.

Hace unas pocas semanas el Ministerio de Ciencia e Innovación presentaba el anteproyecto por el cual se pretende reformar la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI), una reforma que se ha topado con críticas por parte de todos los sectores implicados. Muy resumidamente, se trata de una propuesta que apuesta claramente por la colaboración público-privada o, dicho de otra manera, por financiar con fondos públicos las inversiones empresariales, que amenaza la autonomía de investigadoras e investigadores y que prima la contratación laboral para reemplazar los puestos de carácter funcionarial, en detrimento de los derechos laborales de la plantilla. Todo esto, además, sin aportar una financiación que permita acabar con la contratación irregular del personal. Esta nueva reforma complementa el intento del ministerio de Universidades de reformar la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que ya se ha encontrado con una oposición frontal por parte de los sindicatos. Muy resumidamente, esta reforma incrementaría, más aún, la explotación de la plantilla, alabando la movilidad y consolidando la carrera profesional como una carrera de obstáculos.

Y en este contexto, llega el Real Decreto de Organización de las Enseñanzas Universitarias, que Castells pretende aprobar a finales de este curso, y que es la punta de lanza de la futura LOSU, que se espera salga a trámite el otoño del presente año. Este Real Decreto llega con la intención clara de supeditar los estudios universitarios a las necesidades del mercado laboral, para asegurar que las universidades tienen la suficiente flexibilidad para satisfacer a una u otra rama de la producción, según el contexto económico lo demande, sin importar la formación íntegra del estudiantado; en definitiva, pretende avanzar hacia una hiperespecialización técnica. En paralelo, el RD también busca introducir en la universidad la formación dual, que iría acompañada por un tipo contractual particular que permitiría a las empresas contratar a estudiantes como mano de obra barata y con nula estabilidad, fomentando así un mercado laboral flexible y desvalorizando aún más la labor de los y las trabajadoras, preparando el terreno para futuros recortes de derechos laborales. A la par, las empresas podrían utilizar estas nuevas figuras contractuales para presionar a la baja los salarios y derechos laborales de la plantilla. La formación dual, además, supondría que casi el 50% de la “formación” se realizaría en alguna empresa, incrementando aún más la influencia del interés y el beneficio privado en el sistema universitario. Mientras tanto, las prácticas externas no remuneradas continuarían existiendo, manteniendo así al estudiantado sometido a la explotación laboral, incluso tras pagar las tasas de matrícula.

Ante esta situación no podemos permanecer inmóviles, esperando que la “nueva izquierda”, en colaboración con la vieja socialdemocracia, menoscabe aún más nuestros derechos. Por ello, desde la CGT llamamos a la unidad con las movilizaciones convocadas para este 6M por el Frente de Estudiantes y por Estudiantes en Movimiento como primer paso para fortalecer el movimiento sindical y estudiantil frente al nuevo ciclo de reformas neoliberales de la Universidad y la Ciencia.
La Universidad y el sistema científico han de estar al servicio de las necesidades de la clase trabajadora, por lo que la colaboración estrecha entre trabajadoras y trabajadores con las organizaciones estudiantiles es imprescindible para acabar con la explotación, para democratizar la Universidad, para recuperar colectivamente la Universidad y la Ciencia.