Desde la Coordinadora de Investigación y Universidades de CGT manifestamos nuestro rechazo al borrador del estatuto de PDI que lleva circulando las últimas semanas. Con este texto, el Ministerio busca reformar de manera encubierta la LOU, haciendo oídos sordos a las reivindicaciones principales del colectivo (regularización del profesorado en fraude de ley, promoción y estabilización de las plantillas, regulación del teletrabajo, conciliación real, reducción de la burocratización actual…). El ministro Castells, con este Estatuto, busca imponer de forma unilateral un modelo de universidad inspirado en las peores prácticas de las universidades anglosajonas.
Sorprendentemente y por primera vez, se reconoce en el preámbulo del borrador la existencia de la precariedad entre el colectivo del profesorado universitario, criticando en particular la situación del profesorado asociado. Pero la normativa no prevé ningún plan de estabilización específico, ni va acompañada de ningún tipo de financiación. Para el Ministerio, la solución mágica para este colectivo es reordenar las categorías para legalizar el actual fraude de ley que se comete con los asociados, con la creación de figuras específicas para cubrir las mismas situaciones que ahora mismo son ilegales. En el mismo sentido, se habla de luchar contra la explotación laboral y contra la brecha de género, para seguidamente no regular ni hacer ninguna propuesta concreta en estos temas, más allá de solicitar informes anuales a las universidades; siendo la conciliación la gran olvidada de este borrador.
Un punto que nos ha encendido todas las alarmas es la posibilidad de modificar el peso relativo de las diversas funciones del profesorado, incidiendo en la reducción de la carga docente de una parte de este, pudiéndose superar el límite máximo de carga docente en la otra parte, sin establecer unos límites máximos de docencia. Como siempre, tenemos claro quiénes serán los mayores perjudicados. Otra de las novedades contenidas en el borrador es la creación de hasta cuatro nuevas figuras temporales. Podemos destacar, para mal, la aparición del Profesor No Doctor y el Profesor Doctor, que de facto sustituyen a las figuras de Ayudante y Ayudante doctor, alargando el periodo de temporalidad y precariedad hasta 11 años, en vez del máximo de 8 actuales. Para más inri, el Profesor Sustituto Temporal aparece como la figura idónea para que cierto profesorado privilegiado se descuente horas de docencia, a bajo coste para la universidad. Finalmente, se crean dos nuevas figuras indefinidas: profesorado Titular Contratado y Catedrático Contratado; creándose así una vía de carácter laboral, alternativa la vía funcionarial, con la pérdida de derechos que eso supone actualmente y con el peligro de construir una carrera profesional de segunda y otra de primera.
Todas estas categorías laborales, tanto las antiguas como las de nueva creación, lo único que hacen es promover y establecer un sistema jerárquico y elitista en el si de la universidad. No se sostiene por ninguna parte que, para hacer investigación y dar las mismas horas de docencia, tengamos distinta remuneración, derechos y estabilidad según qué categoría laboral. La única forma de acabar tanto con la precariedad estructural de la universidad como con la absurda jerarquización y elitización de la estructura académica, es la creación de un cuerpo único de profesorado y personal investigador, como ya pasa en la enseñanza primaria y secundaria, siguiendo una sencilla máxima: a igual trabajo, igual salario e igual capacidad de decisión en los órganos de gobierno.
Para acabar, aunque el borrador no lo explicita, con el término “transferencia” se incluyen todas las actividades que suponen un retorno, en forma de canon, para la universidad, así como para el profesorado que las desempeña. Este modelo neoliberal, que ya hemos visto implementado por ejemplo en las Universidades Públicas Catalanas, da lugar a una precarización creciente de una parte del profesorado en beneficio de unas élites que desempeñan actividades de transferencia en sus empresas, bajo el amparo de Fundaciones o mediante la participación en maestrías y títulos propios impartidos a precios no subvencionados.
Por todo ello, desde CGT nos oponemos frontalmente a este estatuto del PDI que ahonda en la precarización de profesorado y investigadores, así como en la subordinación de los recursos públicos al interés privado.
¡Frente a la precarización, nos encontrarán de frente!
